Un proceso esencial en la legitimación de los parques públicos de vivienda social en alquiler, es la actividad de control y seguimiento en las relaciones contractuales que garanticen el derecho a la vivienda, desde la sostenibilidad (cobro efectivo de las rentas), la convivencia (evitando actividades molestas, conflictividad vecinal o uso fraudulento de suministros) o incluso la dignidad derivada del cuidado, conservación y buena vecindad.

El derecho a una vivienda digna materializado mediante la adjudicación de una vivienda social, constituye un valor de desarrollo personal, familiar y comunitario en la vida de la ciudadanía. Garantizar que este derecho a la vivienda alcance continuidad en el tiempo a la vez que respeta el principio de igualdad es no sólo un mandato moral sino una obligación de justicia social.

El control de seguimiento de la ocupación de vivienda pública por tanto debe alcanzar la sostenibilidad (el cobro y recobro de la renta), la convivencia (sobre usos indebidos, molestos o fraudulentos respecto a los suministros ), e incluso a la dignidad en el debido mantenimiento y conservación de las viviendas.

Perseguir los incumplimientos contractuales se convierte en un mecanismo de gestión y administración esencial. Gestionar con equipos sociales y transversales a la organización, atender a protocolos definidos, medir la evolución de las estrategias y cumplir la legalidad son aspectos propios de una visión integral que refieren compromiso, trabajo y dedicación para satisfacer el derecho a la vivienda.